Recurrir una resolución judicial será de pago.

Fecha: 28-01-12

"Si un ciudadano no se conforma con la resolución dada por la Justicia y quiere un segundo pronunciamiento, deberá pagarlo". Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia.

Explicó el ministro que, en un sistema democrático, "la Justicia tiene que mantener las puertas abiertas a los ciudadanos", si bien aseguró que "existe un abuso de los órganos judiciales, sobre todo en segunda instancia" lo que hace necesario "revisar el sistema de tasas judiciales que obligue a acotar qué asuntos deben ser resueltos judicialmente".

Por ello, indicó que es también necesario modificar el sistema de asistencia jurídica gratuita debiendo acreditar "de forma rigurosa la insuficiencia de medios para litigar" tanto en primera instancia como, nuevamente, en caso de recurso. Y es que, dijo, se debe "reducir la entrada de asuntos innecesarios y la litigiosidad ficticia".

Asimismo, adelantó la creación de un nuevo Código Mercantil que "integre la legislación dispersa y la adapte a la nueva realidad económica". Además, anunció que su Ministerio continuará con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que abordará, entre otros asuntos, "el sometimiento a plazo del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas, o el papel de la policía judicial en la fase de investigación".

Por otro lado, señaló que debe revisarse el aspecto tecnológico en la Administración de Justicia, y anunció la creación de una Agencia, integrada por el CGPJ, las comunidades autónomas y el Ministerio, para articular un sistema informático que coordine la interoperabilidad de los diferentes sistemas de gestión procesal e impulse la creación de estándares tecnológicos comunes.

Finalmente, anunció que introducirá sistemas de juicios rápidos también en el orden civil; la modificación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo -se exigirá el consentimiento paterno en caso de menores- y la puesta en marcha de un Estatuto de las Víctimas "restableciendo su derecho a estar informado de la situación procesal del autor del delito".

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