El Tribunal Supremo ha sentado doctrina sobre la legalidad de las comisiones de apertura cobradas por las entidades bancarias a los prestatarios con ocasión de la formalización de un préstamo hipotecario.

Pasando por alto el fondo del asunto y si el más favorecido por la decisión ha sido el sector bancario o las comunidades autónomas que han venido recaudando el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y que, en principio, serían las obligadas a la devolución de esos importes, la forma en la que se ha resuelto, momentáneamente, la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre, en absoluto decorosa y plenamente vergonzante, ha infringido un daño irreparable a la imagen que de la Justicia patria tienen los ciudadanos.

Resulta complicado abordar un problema tan complejo en las pocas líneas de las que dispongo pero es obligado volver a tratar la cuestión tras la reciente sentencia de 20 de diciembre de 2018 en la que se ha confirmado, con la discrepancia de cuatro magistrados de los catorce que conforman la sala, que en una situación de agresión mutua sin lesiones en el ámbito doméstico entre hombre y mujer, el varón será más duramente condenado en virtud de lo establecido en el artículo 153.1 del Código Penal, precepto desde siempre controvertido en el que resulta imposible la condena a una mujer cuya conducta (similar o idéntica a la del hombre) podrá ser objeto de condena al amparo del apartado siguiente del mismo artículo.

Tres meses a un año de prisión o multa es la pena en la que puede incurrir quien deje de abonar la pensión de alimentos establecida judicialmente durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos.

Si hay condena habrá antecedentes penales, se imponga al culpable una pena de privación de libertad o simplemente económica. El Código Penal, en su artículo 227, regula este delito que está concebido para castigar la conducta voluntaria del que, obligado a pagar alimentos, se niega a ello.

El uso de la vivienda que constituyó el domicilio familiar se atribuye los hijos comunes menores de edad y al progenitor a quien se otorga la custodia de éstos.

Es indiferente, por regla general, que la vivienda sea común, ganancial o no, o que pertenezca exclusivamente a quien ha tenido que abandonar la vivienda, al progenitor no custodio; tampoco se tiene en cuenta si la vivienda está pagada o si que aún haya que pagar las cuotas de un préstamo hipotecario.

El que una persona no pueda disponer libremente del destino de su patrimonio una vez fallecida, puede resultar llamativo por la merma de la libertad testamentaria que supone.Esta situación es la que se da en el ámbito de aplicación del Código Civil y, en mayor o menor medida, en los territorios con normativa foral.