Con el comienzo de siglo inicié mi andadura profesional como abogado en Parla, cuando la sede de los juzgados se hallaban en lo que es ahora la Oficina Municipal de Gestión Tributaria. A las puertas de 2020 y con la ilusión que supone el continuar nuestro proyecto en un nuevo despacho, he sentido la necesidad de de plasmar una breve reflexión, a modo de balance y de esperanza para el futuro.

Que en un proceso de familia en Parla y alrededores (fuera de la Comunidad de Madrid, Illescas, por ejemplo) desde que el Juzgado admite la prueba del informe hasta que se elabora pasen más de dos años es, de todo punto, inaceptable.

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto la cuestión planteada por el Juzgado de lo Social 26 de Barcelona desestimando la inconstitucionalidad del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores (ETT) que establece como causa objetiva de extinción del contrato de trabajo las faltas de asistencias al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que supongan un 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos si en el año anterior el total de faltas de asistencia alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% de las jornadas hábiles en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

Desde el 8 de marzo pasado el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores ofrece la posibilidad de solicitar a la empresa una adaptación de la jornada laboral para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar; dicha adaptación lo puede ser ya no solo respecto a su duración y distribución sino a la ordenación y forma de prestación del trabajo, pudiéndose llegar a plantear la prestación del servicio laboral bajo la modalidad de tele trabajo.

Tras la sentencia en un proceso de familia, ya sea de mutuo acuerdo o contencioso, pueden sobrevenir circunstancias que incidan en la conveniencia de aplicar las medidas tal cual se acordaron.

Se ha generalizado la costumbre de grabarlo todo y, con frecuencia, los archivos de imagen y/o sonido son utilizados en procedimientos judiciales con fines probatorios donde, normalmente, son admitidos si no se han obtenido ilícitamente.

Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han admitido la legalidad de estas grabaciones si el que las lleva a cabo participa en la conversación, siendo indiferente que el grabado sea consciente o no de que lo es y que lo haya consentido o no.