Hasta hace poco tiempo, que un progenitor no cumpliera el régimen de visitas de los hijos menores establecido en una sentencia ocasionaba, en la mayoría de los casos, una denuncia inmediata en la comisaría que acababa en un juicio de faltas con condena al pago de una multa al incumplidor (de probarse los hechos).

Con bastante frecuencia recibimos en el despacho a personas que vienen sufriendo periodos de incapacidad temporal largos y con muchas preguntas y miedos “¿y si no me recupero del todo? ¿si me dan de alta tengo que ir a trabajar aunque no pueda? ¿si me “dan” una invalidez puedo trabajar en “otras cosas”?”.

De haberse sabido por la célebre entidad que los juzgados, casi unánimemente, iban a respaldar la avalancha de reclamaciones civiles que, progresivamente han inundado las oficinas judiciales de todo el país, hubiera doblado la rodilla tan pronto como dos peritos del Banco de España dictaminaron que la salida a Bolsa fue irregular.

Todo aquel trabajador, hombre o mujer, que pretenda reducir su jornada de trabajo para el cuidado de un menor de doce años o de un familiar de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tiene derecho a ello en un margen que va desde el octavo de su duración ordinaria hasta un máximo de la mitad.

Antes de la reforma del verano pasado, reclamar una indemnización por daños personales a resultas de un accidente de tráfico se veía favorecido por la posibilidad de denunciar ante el Juzgado de Instrucción quien incoaba un sencillo procedimiento llamado juicio de faltas, en el que el médico forense, tras examinar la documentación médica y al propio lesionado, emitía un informe que servía, normalmente, para alcanzar acuerdos incluso antes de la celebración de juicio.

Desde el pasado mes de julio existe la posibilidad de divorciarse en una notaría siempre que sea de mutuo acuerdo, no haya hijos menores de edad no emancipados o mayores de edad con la capacidad modificada judicialmente.