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Pasando por alto el fondo del asunto y si el más favorecido por la decisión ha sido el sector bancario o las comunidades autónomas que han venido recaudando el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y que, en principio, serían las obligadas a la devolución de esos importes, la forma en la que se ha resuelto, momentáneamente, la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre, en absoluto decorosa y plenamente vergonzante, ha infringido un daño irreparable a la imagen que de la Justicia patria tienen los ciudadanos.

 

Me he referido a la provisionalidad de la solución porque la Justicia Europea tendrá la última palabra y no hace mucho que corrigió al Tribunal Supremo en su peculiar y, de nuevo, sospechosa doctrina de la pseudo-retroactividad de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios.

Llevo muchos años explicando a no pocos clientes que acuden a nuestro despacho que los juzgados y tribunales son fiables, que las personas-jueces pueden equivocarse o tener un punto de vista distinto al nuestro, pero que hay posibilidades, a través de los recursos, de revisar esas decisiones; también explico (en todos los casos) que el resultado de un pleito no se garantiza pero hago un análisis de viabilidad y, por escrito, la califico de baja, media o alta y que, al final, la decisión se documenta en una resolución que motivará sus razones. A partir de ahora, tendré más difícil defender esa fiabilidad a riesgo de parecer un ingenuo.

Más difícil me ha resultado explicarle a un padre o a una madre que debe esperar dos años a tener un informe del Equipo Psicosocial aquí en Parla para que determine el mejor régimen de custodia para sus hijos menores y que, mientras tanto, se prolongará la angustia e incertidumbre que un proceso contencioso de familia conlleva; también cuesta explicar el retraso en la tramitación de los procedimientos y cuando lo justifico con la falta de medios, recibo alguna incrédula mirada de vuelta.

¿Qué decir ahora tras el bochornoso espectáculo de la enmienda exprés y sin escatimar nada, a modo de nuevo rescate bancario?. Lo peor está por venir: se aprueba por decreto la obligación de los bancos de pagar este impuesto y el Presidente del Gobierno en pocas horas “confía en que los bancos actúen con responsabilidad” y “vigilará que no repercuta este nuevo coste al consumidor”. ¿De qué forma? Eso no lo ha explicado.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado

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