• Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • 91 288 44 85

Derecho de Familia

derecho-familia

Derecho Penal

penal

Derecho Civil

derecho-civil

Derecho Mercantil

derecho-mercantil

 

Con frecuencia se da el caso de que una persona anciana y, normalmente, viuda, al cuidado de centros de mayores o de su propia familia y con demencia senil o Alzheimer, acaba siendo incapacitada judicialmente lo que implica que, a partir de ese momento, es el tutor (familiar o institución pública) quien se responsabiliza de la administración de su patrimonio lo cual no deja de ser una garantía para el incapaz pues el tutor debe rendir cuentas anualmente al Juzgado de su gestión, mediante la presentación de un inventario. 

Un problema bastante frecuente también es la falta de liquidez para garantizar los cuidados adecuados de estas personas y es ahí donde puede surgir la necesidad de vender algún inmueble del que sea titular la persona incapacitada. Las pensiones de jubilación o invalidez suelen ser bajas y las mensualidades a abonar en centros de mayores superan, en muchas ocasiones, estas modestas rentas. 

Cuando los ahorros de toda una vida se van acabando, surge la inquietud entre los hijos quien, de no complementar el pago de estos centros con sus propios recursos, se verán obligados a encargarse personalmente de su progenitor, en muchos casos, sin la preparación ni los medios adecuados; es en ese momento cuando se plantea la necesidad de vender o alquilar un inmueble (normalmente el domicilio familiar de toda la vida y que está vacío) para garantizarse unos años de tranquilidad económica. 

Lo positivo de alquilar es que si el contrato de arrendamiento es inferior a seis años, no se precisa autorización judicial alguna y el tutor puede firmar el contrato sin más trámite; lo negativo del arrendamiento es la posible falta de pago de la renta, necesidad de interponer acciones judiciales si se da esta circunstancia y los gastos que suponen, etc… 

Son estas últimas razones las que provocan que, con carácter general, se opte más por la venta del inmueble y es en este caso donde debe iniciarse un procedimiento de autorización judicial para dicha venta. En dicho proceso, deberán explicarse y probarse las razones que aconsejen la venta, siempre en beneficio del incapaz, y, como en el procedimiento previo de incapacitación, el Ministerio Fiscal ha de velar porque se garantice esta máxima y se debe pronunciar sobre la petición solicitando las diligencias que estime oportunas (tasaciones inmobiliarias, por ejemplo). 

Conseguida la autorización el inmueble podrá venderse en la Notaría aportando el testimonio de la resolución judicial y el precio de la venta deberá ser ingresado, lógicamente, en una cuenta bancaria a nombre del incapacitado.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado

Comentarios   

0 #5 Rafael Diéguez Abogados 17-05-2017 06:15
Estimada Carmen: El alquiler es un acto que puede llevar a cabo el tutor sin autorización judicial siempre y cuando la duración sea inferior a seis años. Sin embargo, la opción a compra supone que el optante (posible comprador) pueda decidir si compra en un determinado periodo por lo que sí sería necesaria la autorización judicial o dejar muy claro en el contrato que, para el supuesto de optar por la compra, sería precisa dicha autorización y, caso de no obtenerse, se excluyera cualquier tipo de responsabilidad por incumplimiento. Muchas gracias por seguirnos.
Citar
0 #4 Carmen 16-05-2017 20:14
En caso de alquiler con opción a compra del inmueble del incapacitado, habría que pedir autorización al juez???

Gracias de antemano
Citar
0 #3 Carmen 16-05-2017 20:12
Y en caso de alquiler con opción a compra del inmueble del incapacitado, habría que pedir autorización judicial?
Citar

Escribir un comentario

Política de Comentarios


Código de seguridad
Refescar