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Derecho de Familia

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Con frecuencia se da el caso de que una persona anciana y, normalmente, viuda, al cuidado de centros de mayores o de su propia familia y con demencia senil o Alzheimer, acaba siendo incapacitada judicialmente lo que implica que, a partir de ese momento, es el tutor (familiar o institución pública) quien se responsabiliza de la administración de su patrimonio lo cual no deja de ser una garantía para el incapaz pues el tutor debe rendir cuentas anualmente al Juzgado de su gestión, mediante la presentación de un inventario. 

Un problema bastante frecuente también es la falta de liquidez para garantizar los cuidados adecuados de estas personas y es ahí donde puede surgir la necesidad de vender algún inmueble del que sea titular la persona incapacitada. Las pensiones de jubilación o invalidez suelen ser bajas y las mensualidades a abonar en centros de mayores superan, en muchas ocasiones, estas modestas rentas. 

Cuando los ahorros de toda una vida se van acabando, surge la inquietud entre los hijos quien, de no complementar el pago de estos centros con sus propios recursos, se verán obligados a encargarse personalmente de su progenitor, en muchos casos, sin la preparación ni los medios adecuados; es en ese momento cuando se plantea la necesidad de vender o alquilar un inmueble (normalmente el domicilio familiar de toda la vida y que está vacío) para garantizarse unos años de tranquilidad económica. 

Lo positivo de alquilar es que si el contrato de arrendamiento es inferior a seis años, no se precisa autorización judicial alguna y el tutor puede firmar el contrato sin más trámite; lo negativo del arrendamiento es la posible falta de pago de la renta, necesidad de interponer acciones judiciales si se da esta circunstancia y los gastos que suponen, etc… 

Son estas últimas razones las que provocan que, con carácter general, se opte más por la venta del inmueble y es en este caso donde debe iniciarse un procedimiento de autorización judicial para dicha venta. En dicho proceso, deberán explicarse y probarse las razones que aconsejen la venta, siempre en beneficio del incapaz, y, como en el procedimiento previo de incapacitación, el Ministerio Fiscal ha de velar porque se garantice esta máxima y se debe pronunciar sobre la petición solicitando las diligencias que estime oportunas (tasaciones inmobiliarias, por ejemplo). 

Conseguida la autorización el inmueble podrá venderse en la Notaría aportando el testimonio de la resolución judicial y el precio de la venta deberá ser ingresado, lógicamente, en una cuenta bancaria a nombre del incapacitado.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado

Comentarios   

0 #9 Rafael Diéguez Abogados 14-07-2017 09:22
Buenos días Cristina: Le comunicamos que, en nuestro despacho, tramitamos este tipo de asuntos. Si está interesada en concertar una cita en Parla o Getafe puede telefonearnos y le atenderemos gustosamente para resolver sus dudas y facilitarle, de estar interesada, en confiarnos su caso, un presupuesto escrito del coste del procedimiento. Muchas gracias por seguirnos.
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0 #8 CAROLINA 14-07-2017 09:07
Nosotros tal y como expones, necesitamos urgentemente vender el piso ya que no tenemos dinero suficiente para el pago de la residencia en la que está la incapacitada total.
Mi pregunta es, ¿cómo pedimos esa autorizacion judial? ¿ante quien la presentamos? ¿qué tenemos que aportar? ¿dónde la entregamos?¿cuá nto suele tardar dicha autorización?
Nos urge mucho poder empezar este proceso

Muchas gracias de antemano
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+1 #7 Rafael Diéguez Abogados 06-07-2017 06:24
Estimado Rafael: Estás en lo cierto en tu comentario y, lógicamente, el resto de herederos no están obligados a renunciar. De hacerlo, y en función de las circunstancias y de la forma en que se haga la renuncia, puede generar algún tipo de repercusión fiscal. Gracias por seguirnos.
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