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Derecho de Familia

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Con frecuencia se da el caso de que una persona anciana y, normalmente, viuda, al cuidado de centros de mayores o de su propia familia y con demencia senil o Alzheimer, acaba siendo incapacitada judicialmente lo que implica que, a partir de ese momento, es el tutor (familiar o institución pública) quien se responsabiliza de la administración de su patrimonio lo cual no deja de ser una garantía para el incapaz pues el tutor debe rendir cuentas anualmente al Juzgado de su gestión, mediante la presentación de un inventario. 

Un problema bastante frecuente también es la falta de liquidez para garantizar los cuidados adecuados de estas personas y es ahí donde puede surgir la necesidad de vender algún inmueble del que sea titular la persona incapacitada. Las pensiones de jubilación o invalidez suelen ser bajas y las mensualidades a abonar en centros de mayores superan, en muchas ocasiones, estas modestas rentas. 

Cuando los ahorros de toda una vida se van acabando, surge la inquietud entre los hijos quien, de no complementar el pago de estos centros con sus propios recursos, se verán obligados a encargarse personalmente de su progenitor, en muchos casos, sin la preparación ni los medios adecuados; es en ese momento cuando se plantea la necesidad de vender o alquilar un inmueble (normalmente el domicilio familiar de toda la vida y que está vacío) para garantizarse unos años de tranquilidad económica. 

Lo positivo de alquilar es que si el contrato de arrendamiento es inferior a seis años, no se precisa autorización judicial alguna y el tutor puede firmar el contrato sin más trámite; lo negativo del arrendamiento es la posible falta de pago de la renta, necesidad de interponer acciones judiciales si se da esta circunstancia y los gastos que suponen, etc… 

Son estas últimas razones las que provocan que, con carácter general, se opte más por la venta del inmueble y es en este caso donde debe iniciarse un procedimiento de autorización judicial para dicha venta. En dicho proceso, deberán explicarse y probarse las razones que aconsejen la venta, siempre en beneficio del incapaz, y, como en el procedimiento previo de incapacitación, el Ministerio Fiscal ha de velar porque se garantice esta máxima y se debe pronunciar sobre la petición solicitando las diligencias que estime oportunas (tasaciones inmobiliarias, por ejemplo). 

Conseguida la autorización el inmueble podrá venderse en la Notaría aportando el testimonio de la resolución judicial y el precio de la venta deberá ser ingresado, lógicamente, en una cuenta bancaria a nombre del incapacitado.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado

Comentarios  

0 #30 Rafael Diéguez Abogados 27-12-2018 18:53
Estimada María: En el supuesto de copropiedad el juzgado va a autorizar la venta del inmueble completo si hay consenso en cuanto al mismo hecho de la venta y el precio entre todos los propietarios. Obviamente, el reparto del precio total de venta debe hacerse conforme a la cuota de cada uno. Puede ampliar la información solicitando cita en nuestros despachos en el 912884485. Gracias por seguirnos.
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0 #29 Maria 26-12-2018 13:07
En el caso de que el juzgado autorice la venta de un inmueble del cual el incapacitado legalmente posee el 50 % y el usufructo, el importe del otro 50% sería para el propietario de la nuda propiedad?

Gracias
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0 #28 Rafael Diéguez Abogados 03-12-2018 21:04
Estimada Sofía: Dado que no se puede determinar a priori el periodo que precisará el Juzgado para adoptar la resolución definitiva (autorizando o no) lo más prudente es introducir determinadas cláusulas en previsión de todo esto. El tutor del incapaz está capacitado para suscribir contratos de arrendamiento por un periodo de hasta seis años. Ponemos a su disposición nuestros despachos para ampliar la información. Muchas gracias por seguirnos.
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