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Con frecuencia se da el caso de que una persona anciana y, normalmente, viuda, al cuidado de centros de mayores o de su propia familia y con demencia senil o Alzheimer, acaba siendo incapacitada judicialmente lo que implica que, a partir de ese momento, es el tutor (familiar o institución pública) quien se responsabiliza de la administración de su patrimonio lo cual no deja de ser una garantía para el incapaz pues el tutor debe rendir cuentas anualmente al Juzgado de su gestión, mediante la presentación de un inventario. 

Un problema bastante frecuente también es la falta de liquidez para garantizar los cuidados adecuados de estas personas y es ahí donde puede surgir la necesidad de vender algún inmueble del que sea titular la persona incapacitada. Las pensiones de jubilación o invalidez suelen ser bajas y las mensualidades a abonar en centros de mayores superan, en muchas ocasiones, estas modestas rentas. 

Cuando los ahorros de toda una vida se van acabando, surge la inquietud entre los hijos quien, de no complementar el pago de estos centros con sus propios recursos, se verán obligados a encargarse personalmente de su progenitor, en muchos casos, sin la preparación ni los medios adecuados; es en ese momento cuando se plantea la necesidad de vender o alquilar un inmueble (normalmente el domicilio familiar de toda la vida y que está vacío) para garantizarse unos años de tranquilidad económica. 

Lo positivo de alquilar es que si el contrato de arrendamiento es inferior a seis años, no se precisa autorización judicial alguna y el tutor puede firmar el contrato sin más trámite; lo negativo del arrendamiento es la posible falta de pago de la renta, necesidad de interponer acciones judiciales si se da esta circunstancia y los gastos que suponen, etc… 

Son estas últimas razones las que provocan que, con carácter general, se opte más por la venta del inmueble y es en este caso donde debe iniciarse un procedimiento de autorización judicial para dicha venta. En dicho proceso, deberán explicarse y probarse las razones que aconsejen la venta, siempre en beneficio del incapaz, y, como en el procedimiento previo de incapacitación, el Ministerio Fiscal ha de velar porque se garantice esta máxima y se debe pronunciar sobre la petición solicitando las diligencias que estime oportunas (tasaciones inmobiliarias, por ejemplo). 

Conseguida la autorización el inmueble podrá venderse en la Notaría aportando el testimonio de la resolución judicial y el precio de la venta deberá ser ingresado, lógicamente, en una cuenta bancaria a nombre del incapacitado.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado

Comentarios  

0 #23 Rafael Diéguez Abogados 28-08-2018 19:03
Estimado Sr. Montes: La comparecencia en el Juzgado de Primera Instancia por el incapaz, a través de su tutor, debe llevarse a cabo para allanarse a la petición de extinción de condominio para lo cual hay que solicitar la suspensión del plazo para contestar y recabar la autorización para el allanamiento del Juzgado de la tutela. De cara a concretar la posible adjudicación o venta (si no se lleva a cabo en pública subasta y hay alguna oferta de algún copropietario o extraño, debe recabar, de nuevo, la autorización judicial para aprobar la aceptación de la oferta. Nuestro despacho ha llevado casos muy similares por lo que estaríamos encantados de asesorarles con más detalle de forma personal y a la vista de toda la documentación.
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0 #22 Rafael Diéguez Abogados 28-08-2018 18:58
Estimada Esther: Me faltaría disponer de mayor información por lo que le recomiendo solicite cita en nuestros despachos en el teléfono 91-288-44-85. No me aclara si la vivienda era ganancial, si se adjudicó la herencia de su madre, etc... En todo caso, no es muy normal el intento de acceder a la vivienda y debería asesorarse convenientement e no siendo éste el medio adecuado para ello. Muchas gracias, en todo caso, por seguirnos.
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0 #21 Rafael Diéguez Abogados 28-08-2018 18:55
Estimado Jesús: Si, finalmente, el Juzgado autoriza la venta de la vivienda en la propia resolución establecerá los términos en que debe llevarse a cabo, pudiendo llegar a fijar, incluso, un precio. En la notaría le solicitarán el testimonio judicial de la autorización judicial para hacer efectiva la venta y el producto de dicha operación deberá ingresarse en una cuenta titularidad de su madre.
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