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El derecho consagrado en el artículo 24 de la Constitución a obtener la tutela judicial efectiva implica la necesidad de acudir a los juzgados y de defender la pretensión concreta en el procedimiento previsto legalmente.

Alguno de estos procesos no exige la intervención obligatoria de abogado y procurador por lo que podría decirse que estos juiciossalen gratis” pero pueden salir más bien caros si acaban siendo desestimados por falta de asesoramiento adecuado.

 

El beneficio de justicia gratuita a personas que no superen determinados ingresos supone el derecho a ser defendido por abogado y representado por procurador, ambos de oficio y, en algunos casos, incluso, a contar con informes periciales sufragados por la Administración.

Fuera de estos casos el demandar o ser demandado implica afrontar el gasto de, al menos, abogado y procurador y, en función del resultado, podría verse incrementado con las costas del juicio (gastos en los que ha incurrido la parte vencedora en el pleito)..

La normativa sobre defensa de la competencia ha supuesto la consagración de la libre fijación de precios acabando con la tradicional prohibición de establecer la cuota litis o porcentaje de honorarios sobre el resultado; esto se traduce en que los profesionales pueden acordar con el cliente la percepción de honorarios solo si se gana el juicio. 

Determinados despachos así lo hacen pero no es una práctica generalizada; lo más recomendable es informarse muy bien antes de embarcarse en la aventura y solicitar una hoja de encargo o presupuesto detallado de honorarios y otros gastos previstos.

No tema preguntar por el coste que supondría perder un juicio pues siempre cabe esa posibilidad no pudiéndose garantizar el éxito a priori por muy viable que parezca la pretensión. En ese caso los honorarios de la parte contraria se fijarán en relación a la cuantía del procedimiento por lo que cabe conocerlos con bastante exactitud y con antelación. Los colegios de abogados publican unos criterios para fijar estas costas.

En todo caso y en resumen ha de concluirse que existen tantos precios como despachos pero optar por lo más barato puede resultar caro: información transparente, sintonía con el profesional y experiencia pueden transformar el gasto en inversión.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado

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