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Con frecuencia diaria nuestro despacho recibe llamadas de potenciales clientes necesitados de servicios jurídicos que, tras una breve explicación del problema que les acucia, pretenden que se les informe, en ese momento y por teléfono de lo que les va a costar “todo”.

 

Del único precio del que informamos telefónicamente es el de la consulta personal en cualquiera de nuestras oficinas; en ningún otro caso se facilita un presupuesto inmediato y telefónico pese a que el interlocutor insista en que otros despachos sí que le han dado precio de esa forma.

La negativa a prestarse a esa, poco seria, práctica, radica en que resulta aventurado cuantificar el coste de unas actuaciones sin saber cuántas serán necesarias y, sobre todo, porque debe valorarse, en primer lugar, si la acción que el cliente pretende llevar a cabo es la mejor de las soluciones a su problema; en numerosas ocasiones, recibimos visitas de clientes con una idea predeterminada que, tras una consulta personal en la que se trata en profundidad de todas las circunstancias relativas al asunto, cambian de opinión aceptando nuestro asesoramiento desaconsejando la vía sugerida por ser inviable o por no ser el momento adecuado para iniciarla.

Contratar un servicio jurídico no es igual que hacer un pedido de comida rápida desde tu domicilio o vender un electrodoméstico del que te has aburrido a través de una aplicación de venta de objetos de segunda mano.

Existen servicios que, por el bien del que los requiere, no deben dejarse arrastrar por esta tendencia socialmente omnipresente del bueno, bonito, barato e INMEDIATO.

Inmediato puede ser concertar una cita y, tras el tiempo necesario que, en la mayoría de los casos suele ser de media hora a cuarenta y cinco minutos, saber si la idea preconcebida es la mejor y, de serlo, cuánto puede suponer económicamente.

Es en ese momento cuando, al menos en nuestro despacho, formalizamos el encargo profesional por escrito en el que se detallan lo más posible las explicaciones verbales que hemos dado previamente: estudio de la viabilidad, consecuencias aparejadas a la desestimación judicial de la pretensión y precio que, en ocasiones, puede determinarse con exactitud y, en otras, puede ser aproximado pero sin sorpresas al final.

Puede que el facilitar información sobre los precios a ojo de buen cubero resulte muy comercial y atractivo pero en determinados ámbitos (jurídico, sanitario…) la rigurosidad y seriedad son las mejores credenciales para ganarse la confianza y agradecimiento de los clientes.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado

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