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En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha declarado nulas las cláusulas por las que se impone al consumidor el pago de los gastos inherentes a la constitución de hipotecas.

Coincidiendo en el tiempo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que extiende la obligación de devolución de las cantidades cobradas en exceso por los bancos sin la limitación que el Tribunal Supremo, por razones nada jurídicas, había marcado en mayo de 2013, hay una avalancha de noticias y de campañas de los grandes y muy publicitados despachos de abogados que llegan a afirmar que los gastos judiciales los pagará la entidad bancaria.

Si bien es pronto para asegurarlo, podría recuperarse el coste la notaría, registro de la propiedad, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados.

La sentencia del Supremo considera nulas estas cláusulas que trasladan al consumidor la obligación de pago de unos gastos que debe asumir la entidad en atención a que es la interesada en la operación.

Es ahí donde entra en juego la normativa que protege al consumidor quien no debe asumir al 100% los gastos.

Algunas entidades asumen un porcentaje de estos en hipotecas nuevas para evitar reclamaciones.

Uno de los rumores que circulan es que se establecerá algún tipo de regulación de urgencia que evite el colapso en los juzgados por lo que lo más prudente es esperar.

Esperar no significa no hacer nada; se puede ir recabando la documentación precisa para la reclamación para calcular cuánto se puede recuperar.

Antes de interponer cualquier demanda ha de tenerse en cuenta qué nos jugamos pues, contrariamente a lo que se oye a menudo, un procedimiento judicial conlleva gastos y riesgos.

Una estimación total de la demanda supone la condena en costas al banco pero si la estimación es parcial no habrá dicha condena y pagará los gastos propios (solicite un presupuesto por escrito para conocerlos); una desestimación de la demanda (nunca imposible) supondrá asumir los gastos procesales del banco. Antes de nada, pues, información.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado

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