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Cuando el usuario de macro-fiestas o espectáculos acude a estos eventos pretende, ni más ni menos, que cumplir con su objetivo que no es otro que el de divertirse.

Los posibles riesgos quedan a un lado, sobre todo cuando se es joven, y se confía en que todo esté bajo control de los que organizan estas aglomeraciones. Lamentablemente, en no pocas ocasiones, determinadas malas prácticas sólo adquieren relevancia cuando vienen acompañadas de muertes y me temo que la investigación sobre los hechos van a revelar circunstancias escandalosas. Primero fueron unas bengalas, después la entrada incontrolada de unos jóvenes haciendo botellón en las proximidades del edificio.

Con independencia de la causa concreta, parece claro que los que se lucran con el evento (alquilando un espacio presuntamente apto u organizando aquel), deben garantizar las medidas de seguridad adecuadas y la primera no es otra que la de no sobrepasar el aforo.

Me pregunto cómo es posible que con el sistema electrónico de lectura de entradas se haya podido sobrepasar en la magnitud que se viene comentando; sólo se explicaría esta circunstancia si, en un momento dado, se dejaran de “leer” algunas de ellas. Si la avalancha se produjo por la entrada repentina de numerosos jóvenes desde fuera, se entiende aún menos que los accesos no estuvieran suficientemente vigilados.

Lo cierto es que las verdaderas víctimas de la tragedia son los heridos y familiares de las chicas fallecidas quienes podrán personarse en el oportuno procedimiento penal que ya está abierto y que, a día de hoy, se ha dirigido contra el organizador y las empresas encargadas de la seguridad; de momento, como testigo, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid por ser el competente en la cesión de este tipo de espacios públicos.

En dicho proceso los afectados no sólo podrán solicitar las responsabilidades civiles correspondientes (a cargo de los condenados o sus compañías aseguradoras) sino que podrían solicitar la correspondiente pena para los responsables de estas muertes y lesiones; todo dependerá del grado de imprudencia que pueda demostrarse pues no toda imprudencia con resultado muerte se califica de homicidio imprudente y, a veces, se queda en una simple falta –como ocurre, por ejemplo, en accidentes de tráfico.

Respecto a la seguridad en este tipo de eventos, asistiremos a numerosas modificaciones y exigencias desde la Administración que, antes de la desgracia, como siempre ocurre, no parecían ser necesarias.

Publicado por: Rafael Francisco Diéguez - Abogado (Parla y Getafe)

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