Escraches y legalidad

El verbo “Escarchar” es reconocido por la Real Academia de la Lengua Española y significa textualmente, “romper, destruir, aplastar” o “fotografiar a una persona”.

Su origen y utilización coloquial se sitúa en Argentina y Uruguay y se ha puesto de moda en nuestro país por su uso en los medios de comunicación a diario para referirse a las concentraciones de personas en los domicilios o lugares de trabajo de determinados políticos.

Partiendo de que la libertad de expresión es un derecho constitucionalmente reconocido, así como el derecho de reunión, debe ponerse especial cuidado en los límites al ejercicio de éstos para evitar lesiones en los derechos de los “escrachados”.

En principio, la reunión (concentración) de más de veinte personas en lugares de tránsito público, concertada para un fin determinado sólo precisa de comunicación previa a la autoridad y es cuando falta esta comunicación cuando puede ser objeto de sanción administrativa. Suponiendo que estas, cada vez más frecuentes, concentraciones hayan sido comunicadas (no necesitan autorización previa), debemos preguntarnos si es legítima y legal esta forma de reivindicación; y la respuesta, como casi siempre, es que depende de las circunstancias en que se desarrolle.

Aceptando que el político está sometido, por su función, a la crítica, el estar expuesto a ésta no puede ni debe traducirse, en ningún caso, en insultos como los que se oyen permanentemente en las noticias; tampoco en impedir de hecho la entrada o salida estos lugares ni nada similar puesto que estaríamos ante probables delitos de amenazas, injurias, coacciones, etc… Si además de ello, el fin de toda esta presión no es otra que la de condicionar al político para votar a favor o en contra de alguna propuesta por muy legítima que sea, no debe olvidarse que los miembros del Congreso, Senado o Asamblea legislativa de las Comunidades Autónomas están especialmente protegidos por el Código Penal quien castiga con hasta cinco años de cárcel a los que impidan con fuerza, violencia o intimidación grave a los políticos a asistir a sus reuniones o coarten la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto.

Y es que es lógico que se proteja a quien representa a la ciudadanía en toda su pluralidad ideológica pues los políticos no dejan de ser nuestros representantes que no dejan de estar sometidos al castigo de no ser de nuevo elegidos.

Personalmente creo que sería más eficaz para estos grupos de presión ciudadana el promover, como ha ocurrido recientemente, iniciativas legislativas populares con el peso de la firmas más que de las voces.