Teléfonos Móviles y Seguros

No es nada nuevo que se intente “rentabilizar” la prima del seguro intentando que la compañía indemnice por conceptos no contemplados en la póliza. Tradicionalmente, las aseguradoras han recibido reclamaciones por “oportunos” incendios en naves de empresas, curiosamente, en crisis y que, más adelante, resultan provocados por los propios dueños en aras a obtener una suculenta indemnización.

Los estragos que resultan de este tipo de actos y la importancia económica del asunto provocan que las autoridades judiciales y las propias aseguradoras destinen importantes recursos al objeto de investigar las causas de estos incendios.

En el ámbito doméstico también se han dado conductas similares con pretensiones mucho más modestas que, por la escasa cuantía y dificultad de prueba en contra que suponen, prácticamente ha venido siendo tolerada de hecho por las compañías y, por supuesto, calculada en la propia prima. La generalización del uso del teléfono móvil y dispositivos similares en los últimos años ha provocado un espectacular aumento de denuncias por robos que, en muchísimos casos, no se corresponden con la realidad.

Podría decirse que nos hallamos ante una creencia generalizada de que estas denuncias “no van a ningún lado” y que el seguro pagará lo que vale el móvil sin problema con la presentación de la denuncia. Nada más lejos de la realidad. El denunciar un hecho falso ante las autoridades supone un delito (si me he dejado el móvil olvidado en cualquier sitio o si me lo han quitado sin violencia, no me lo han robado); el obtener, con esta denuncia, o intentarlo una indemnización del seguro es una delito en grado de tentativa o consumado o, por la cuantía, una falta de estafa; además de lo anterior se han dado casos en los que se han llegado a presentar informes médicos falsos para hacer más creíble la versión lo que, igualmente, constituye un delito.

Lo cierto es que, contrariamente a lo que se piensa, la persecución de estos delitos es, relativamente, sencilla por la identificación (IMEI) del teléfono, la proliferación de cámaras en vías públicas y la repetición de patrones en los falsos denunciantes. Lo más seguro y, sobre todo, legal es asegurar el extravío o hurto y, por supuesto, pagarlo.