Trámites tras un accidente de tráfico

Antes de la reforma del verano pasado, reclamar una indemnización por daños personales a resultas de un accidente de tráfico se veía favorecido por la posibilidad de denunciar ante el Juzgado de Instrucción quien incoaba un sencillo procedimiento llamado juicio de faltas, en el que el médico forense, tras examinar la documentación médica y al propio lesionado, emitía un informe que servía, normalmente, para alcanzar acuerdos incluso antes de la celebración de juicio.

La razón de estos acuerdos descansaba en el hecho de que ese informe (sin perjuicio de su mayor o menor rigurosidad) iba a considerarse siempre imparcial por lo que, recogidos los días de curación de las lesiones y, en su caso, las secuelas, tanto compañías aseguradoras como perjudicados disponían de una base bastante sólida para cuantificar la indemnización.

El cambio legal al que hacíamos referencia ha supuesto la desaparición de las faltas, pasando a ser alguna de las conductas consideradas como tales o bien delito leve, o bien a desaparecer por completo del Código Penal.

Esto último es lo que ha ocurrido en este supuesto por lo que, ahora, el lesionado tendrá que acudir a la vía civil si no está conforme con la cantidad que ofrezca la compañía aseguradora del responsable del accidente (obligada a hacer una oferta motivada al perjudicado).

Dependiendo de la entidad de los daños podría resultar antieconómico el iniciar la reclamación judicial por lo que es fundamental contar con asesoramiento previo jurídico (abogado) y médico (perito) para determinar si merece la pena llevar la reclamación hasta el Juzgado o, al menos, para negociar una mejora en la indemnización ofrecida.

Nuestra experiencia, desde la reforma, es positiva y disponemos, además, de la colaboración de peritos médicos especializados que, por un mínimo coste, nos facilitan un pre-informe con el que la víctima tiene claro desde el principio lo máximo que puede obtener y los costes que le va a suponer la reclamación o la negociación.