Derecho Administrativo

Podemos denominar así al conjunto de normas que regulan las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. En no pocas ocasiones, el administrado tiene la sensación de que cuando tiene alguna discrepancia con el Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, etc… tiene enfrente a un “gigante” contra el que muy pocas cosas se puede hacer. Dicha sensación es lógica puesto que en esta normativa no se parte del principio de igualdad entre Administración y ciudadano, dotando a aquella de determinadas prerrogativas y facultades vedadas a éste (posibilidad de embargos sin intervención judicial, ejecutividad de sus actos pese a ser recurridos, en algunas ocasiones presunción de veracidad, etc…) Ello es lógico pues la Administración actúa en beneficio del “interés general” y no puede verse retrasada o paralizada por la mera interposición de recursos o demandas infundados.

Dicho esto también hay que explicar que ante un acto administrativo que consideremos ilegal y perjudicial para nuestros intereses debemos tomar medidas de inmediato pues hay que alegar correctamente y en vía administrativa todos los hechos y fundamentos que sirvan para revocar el acto o impedir la sanción. Si la vía administrativa finaliza y no se ha conseguido el objetivo se debe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en la que se revisará la regularidad del acto y también las alegaciones y actuaciones del recurrente en la vía administrativa.

Además de los expedientes tributarios, multas de tráfico, expropiaciones, etc… cobran especial relevancia en los últimos tiempos las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración. Ello porque el ciudadano es cada vez más consciente de que debe reclamar cuando sus derechos son lesionados. Los supuestos son interminables: caídas en la vía pública, negligencias en asistencia sanitaria, inadecuado mantenimiento de calzadas o aceras que provoquen accidentes, daños y perjuicios por actos administrativos, etc…

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